El Partido Popular se ha convertido en el primer partido político imputado (ahora investigado) de la historia de la democracia, ya que ha sido citado como persona jurídica para declarar el próximo 4 de febrero en la causa abierta por la destrucción y borrado de los discos duros de los dos portátiles con los que trabajaba su extesorero Luis Bárcenas.

Esta citación del PP realizada por la instructora del juzgado de instrucción 32 de Madrid, , cuya titular es Madrid Rosa Freire, se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara, el pasado 15 de febrero, que se reabriera la causa remitida desde la Audiencia Nacional. La razón: la instrucción se había cerrado sin practicar pruebas para determinar quién de la dirección del PP ordenó la destrucción de los discos durosutilizados por Bárcenas en la sede nacional de la calle Génova de Madrid.

La responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos fue introducida el año 2012 en el Código Penal. Tal reforma fue impulsada a instancia del ministro de Justicia del PPAlberto Ruiz Gallardón, en la Ley Orgánica 7/2012.

A partir de entonces, se suprimió el privilegio que tenían los partidos políticos y sindicatosy pasaron a ser responsables penales directos, al margen de lo que realicen sus directivos.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas ya había sido introducida en el año 2010, tanto por la actuación de sus ejecutivos como en el caso de que no se identificara a los autores de un delito. Pero no se incluyeron partidos y sindicatos.

El borrado de los discos duros se produjo en abril de 2013, cuando Bárcenas ya había sido imputado en la trama de corrupción del caso Gürtel, así como por la famosa Caja B del PP descubierta a partir de sus papeles… Y cuando ya había entrado en vigor la reforma de Gallardón.

El PP comunicó al entonces magistrado instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que “en fecha indeterminada, y en todo caso posterior al 21 de abril, se procedió por persona no identificada a la destrucción de los discos duros de los ordenadores que tuvo asignados Bárcenas”, según el auto que dictó entonces el juez cuando decidió remitir esta destrucción a los tribunales ordinarios.

La imputación fue solicitada entonces por la acusación popular en el caso de los ‘papeles de Bárcenas’ que ejercen Izquierda Unida, UPyD y Asociación Observatori de Drets Humans (Desc). 

El magistrado se inhibió a favor de los juzgados de la Plaza de Castilla el 19 de septiembre de 2013, porque accedió a esta petición de UPyD y apreció que, tras la reforma del Código Penal, el PP podría ser considerado responsable del delito de daños informáticos cometido con la destrucción de los discos duros.

Comentarios:

Algún día se tendrá que calcular la estafa que ha representado por los ciudadanos el gobierno del PP y todos los casos de corrupción de casi todos los partidos, el costo de la corrupción no es el tanto por ciento del coste de la obra pública o servicios que cobra el partido corrupto, si no los desvíos de los coste inicial de la obra, que en ocasiones aumenta un 200%, el “sistema corrupto” debe saltar por los aires, los ciudadanos no nos podemos permitir que partidos corruptos tengan responsabilidades políticas, el poder legislativo debe legislar a favor de la mayoría de ciudadanos, no para favorecer a una minoría mafiosa. En estos momentos, el poder financiero es quien redacta el BOE.

Someday must calculate the scam is represented by the PP government and citizens all cases of corruption of almost all the parties, the cost of corruption is the percentage of the cost of public works and services charges that corrupt party, but the initial cost of the diversion of the work, which sometimes increases 200%, the “corrupt system” should blow up, people we can not allow corrupt parties have political responsibilities, the legislature should legislate in favor of the majority of citizens do not favor a minority mafia. Currently, financial power is the one who writes the BOE

Algun dia s’haurà de calcular l’estafa que ha representat pels ciutadans el govern del PP i tots els casos de corrupció de quasi tots els partits, el cost de la corrupció no és el tant per cent del cost de l’obra pública o serveis que cobra el partit corrupte, si no els desviaments dels cost inicial de l’obra, que en ocasions augmenta un 200 %, el “sistema corrupte” ha de saltar pels aires, els ciutadans no ens podem permetre que partits corruptes tinguin responsabilitats polítiques, el poder legislatiu ha de legislar a favor de la majoria de ciutadans, no per afavorir a una minoria mafiosa. En aquests moments, el poder financer es qui redacta el BOE