IHE denuncia el incumplimiento de las leyes en la Amnistía Fiscal – Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (

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Los graves casos de corrupción conocidos esta
semana demuestran que la amnistía fiscal se puede estar utilizando para blanquear
dinero obtenido de forma presuntamente ilícita, como reiteradamente había
advertido la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
Es imprescindible garantizar el acceso a la información de la Amnistía Fiscal a los
órganos encargados de combatir el fraude fiscal, la corrupción y el blanqueo de
capitales, como la Inspección de Hacienda, el Ministerio Fiscal, los Jueces y
Tribunales y el SEPBLAC.
El Ministerio de Hacienda no debería emitir comunicados que cuando menos
bordean la legalidad en cuanto a la confidencialidad de los datos tributarios,
máxime cuando dicha actuación, en un caso concreto, podría interpretarse como
realizada exclusivamente para la conveniencia de los intereses de un partido
político.
La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en marzo pasado no sólo ha permitido
que muchos defraudadores fiscales vean perdonadas sus culpas pagando una
cuantía simbólica de impuestos, sino que también está sirviendo, presuntamente,
para blanquear capitales obtenidos ilícitamente.
Como había advertido reiteradamente la Organización Profesional de Inspectores de
Hacienda del Estado (IHE), para acogerse a la amnistía fiscal no había que
demostrar, ni siquiera manifestar, cuál era el origen del dinero que se pretendía
amnistiar. Por otra parte, tampoco se establecieron mecanismos para controlar este
origen. En consecuencia, y dada la oscuridad de la declaración, ya ha habido varios
casos de personas, objeto de investigación penal, que se han acogido a la misma.
La intención de estas personas era reintroducir en el circuito legal fondos obtenidos
de forma presuntamente ilegal, es decir blanquearlo.
De este modo, tristemente, parece que la amnistía fiscal ha favorecido el blanqueo
de capitales, y en consecuencia, la corrupción, ya que ha permitido que presuntos
corruptos puedan disfrutar del dinero obtenido ilícitamente. Para minimizar en lo
posible el daño causado, debe investigarse sistemáticamente el origen de los
fondos acogidos a la Amnistía Fiscal.
Por esta razón, IHE reclama el acceso de los Inspectores de Hacienda a estos datos.
Además, sería necesario que la Fiscalía, los Jueces y Tribunales en sus funciones de
persecución de los delitos, tuviesen acceso a esta información, como dispone el
artículo 95 de la Ley General Tributaria. Adicionalmente, el Servicio de Prevención
del Blanqueo de Capitales, dependiente del Banco de España, que es la unidad de
inteligencia financiera en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos
económicos no puede continuar sin acceso a esta información.
Otra forma de actuar upone, no solo no colaborar con la justicia, sino favorecer la impunidad de graves

delitos.
Que esta información de la Amnistía Fiscal deba ser utilizada en la lucha contra la
corrupción, no significa que deba ser pública. En la actualidad, toda la información
facilitada a la Agencia Tributaria es confidencial y no se puede hacer pública. Si el
Gobierno quiere que parte de ella sea pública debe cambiar las leyes, empezando
por el artículo 95 de la Ley General Tributaria.
Por esta razón, IHE considera inapropiada la nota de prensa en la que ayer el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas daba publicidad a la situación
fiscal de un contribuyente, ex – tesorero de un partido político, manifestando que
no se había acogido a la Amnistía Fiscal. No deja de ser paradójico que la única
declaración en la que se hacía referencia explícitamente tanto en el Real DecretoLey 12/2012 que la aprobaba como en su Orden Ministerial de Desarrollo como
confidencial, sea el primer caso en el que el Ministerio de Hacienda, contraviniendo
lo que explícitamente establecen las leyes haga pública la falta de presentación de
una declaración.
Si se considera que los datos de los defraudadores acogidos a la Amnistía Fiscal
deben ser públicos, en ese caso corresponde modificar las Leyes para que todos lo
sean, pero lo que es absolutamente inadmisible es que solo se hagan públicos los
que convengan a los intereses políticos de un determinado partido.
Asimismo, hay que recordar que se trata de una medida que ha recaudado menos
de la mitad de lo previsto, dejando un agujero presupuestario de más de 1.300
millones de euros, por lo que a nuestro juicio, no se entiende que por parte de las
autoridades del Ministerio de Hacienda se haya calificado como de éxito el resultado
obtenido con la misma.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda lamenta la indebida
politización de la Agencia Tributaria que provoca comunicados como este, que se
inscriben más dentro del ámbito político que en el técnico de aplicación del sistema
tributario y de lucha contra el fraude. En este sentido, la Organización Profesional
de Inspectores de Hacienda del Estado defiende que la Agencia Tributaria se
configure como un ente independiente del poder político, por lo que urge la
aprobación de un estatuto jurídico que garantice dicha independencia.
Igualmente, estos hechos ponen de relieve el gran daño que hacen tanto los
paraísos fiscales como los centros financieros opacos, que no intercambian
información con España, y la necesidad de tomar medidas eficaces tanto en el
plano nacional como internacional contra estas situaciones.

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