La reforma del sector eléctrico que plantea el Gobierno es un claro retroceso en la política energética del Estado. Una reforma insostenible para la economía, el medio ambiente y la sociedad. Reforma elaborada al margen de la ciudadanía sin diálogo previo ni apenas tiempo de reacción. Esta falta de transparencia supone una barrera antidemocrática que hará que la norma nazca falta de la mínima legitimidad necesaria.
