Nueva Ley de Seguridad Ciudadana

Conducir una “cunda” (los taxis de la droga), insultar a un policía, ejercer o demandar la prostitución en lugares donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial, alterar el orden público encapuchado o realizar escraches se multarán por ley.

Veintiún años después de la llamada “ley Corcuera“, polémica por la conocida como “la patada en la puerta” que el Tribunal Constitucional tumbó, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara un nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes.

Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

No se trata de sancionar más, según fuentes del Ministerio del Interior, sino de reducir el margen de discrecionalidad a la hora del reproche de una conducta ilícita y llenar el limbo jurídico de actos “nuevos”, como el escrache, o de aquellos que dejará fuera el nuevo Código Penal.

El texto que ha diseñado el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz tendrá que pasar el primer filtro de la comisión de subsecretarios, analizarse en el Consejo de Ministros, someterse al dictamen del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, volver a la mesa de Moncloa y debatirse, como ley orgánica, en las Cortes.

Mientras tanto, la propuesta inicial de Interior incluye, entre otros supuestos, las siguientes infracciones muy graves y graves:

INFRACCIONES MUY GRAVES: Multadas con entre 30.001 a 600.000 euros.

– La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente.

– La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo.

– Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.

– Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.

– Los escraches o actos de acoso a cargos públicos. La ley contemplará que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados.

– Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

INFRACCIONES GRAVES: Multadas con entre 1.001 a 30.000 euros

– Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

– Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.

– El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes. Lo que significa que podrán ser sancionados tanto los clientes como quien ejerza la prostitución.

Interior deja claro que la prostitución como tal no se sanciona y que se multará en esos supuestos por la vulnerabilidad del lugar.

– La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no sea para traficar.

– El botellón cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y cuando no esté autorizado por la administración correspondiente.

– La conducción de cundas o taxi de las drogas que trasladan a drogadictos a los lugares de compra de estupefacientes.

– Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos.

– Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.

– Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.

La nueva ley, que tendrá 55 artículos frente a los 39 de la todavía vigente, define la seguridad ciudadana y establece la obligatoria colaboración de la seguridad privada o de los detectives.

Además, regula las diligencias de cacheo e identificación siguiendo las recomendaciones de la defensora del pueblo para que estas no se practiquen por razón de raza.

También abre la posibilidad de que los agentes puedan llevarse el DNI de la persona a la que quieran identificar para comprobar si el documento es falso.

Hasta ahora, con mostrarlo era suficiente, lo que ha sido aprovechado por algunos para eludir un mayor control al alegar que el DNI es personal e intransferible.

El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, llevará previsiblemente el próximo viernes al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sustituirá a la vigente ley Corcuera. La nueva normativa conlleva castigos de tipo administrativo para quienes participen en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores, insulten a un policía y hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios, además de otras medidas. Esta ley pretende acabar con la impunidad de algunas de estas conductas que, pese a los intentos del Gobierno, no han merecido ningún reproche penal por parte de los jueces.

El borrador legislativo será debatido mañana, miércoles, en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en caso de obtener el visto bueno, seguirá su andadura con su posterior aprobación por el Ejecutivo. Esta ley, cuando sea definitivamente aprobada por Las Cortes, sustituirá a la impulsada en 1992 por el ministro socialista José Luis Corcuera, que fuentes de Interior consideran que en su día fue “muy buena”.

La futura ley Fernández consta de 55 artículos en muchos de los cuales subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Por ejemplo, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad”, es decir, vetar un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio reuniones de personas. Con esta medida, se evitarían los escraches en torno a la vivienda de políticos, si bien la ley no hace referencia a ninguna persona o profesión concreta.

Se castigará el botellón, dañar el mobiliario urbano y deslumbrar con punteros láser a pilotos, maquinistas o conductores de autobús

También podrán ser retirados de forma expeditiva los vehículos que taponen una vía pública (tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros), en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar las vías ocupadas.

Otra novedad es que la ley impedirá concentraciones o manifestaciones no autorizadas ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, aun cuando los diputados no estuvieran reunidos en sesión plenaria. Con esta nueva ley, el Gobierno pretende atajar movimientos como las marchas del 25-S y otras que no fueron castigadas penalmente por los tribunales.

La norma contempla como falta grave participar en altercados usando capuchas, cascos u otros objetos que dificulten la identificación de sus usuarios. Pero, además, también serán sancionados con multa quienes profieran amenazas, insultos, coacciones, injurias y vejaciones hacia los agentes de la policía o la Guardia Civil. Junto a eso, será motivo de sanción el uso o difusión de fotos o imágenes de policías que supongan mofa para ellos o algún riesgo para la seguridad.

Un artículo que probablemente levantará polémica es el destinado a sancionar a los que hagan ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de tratos con prostitutas cerca de colegios y parques, o bien en lugares en los que esas actividades entrañen algún riesgo para la seguridad vial.

Otro aspecto recogido en el anteproyecto es el relativo al consumo o tenencia de productos o sustancias estupefacientes, como podrían ser unas plantas de marihuana en cantidad que la ley no precisa.

Esta nueva ley Corcuera contempla sanciones económicas para una amplia batería de conductas: hacer botellón perturbando “el orden público”, trasladar en coche a drogadictos hasta los puntos de compra de la droga (las llamadas cundas), dañar el mobiliario urbano, hacer barricadas, escalar edificios públicos sin autorización, maltratar animales en espectáculos públicos, deslumbrar con punteros de rayo láser a pilotos de avión, maquinistas de tren o conductores de autobús…

Las multas por infracciones leves oscilan entre 100 y 1.000 euros; las graves, entre 1.001 y 30.000 euros, y las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros. Según fuentes de Interior, no se han incrementado las sanciones respecto a la ley Corcuera, si bien esta solamente contemplaba infracciones leves y graves.

Fuentes de Interior aseguran que vienen trabajando en esta ley “desde el inicio de la presente legislatura”, si bien han esperado a impulsarla ahora para evitar su debate en momentos de mayor convulsión, posiblemente en velada alusión a las movilizaciones del 15-M y otras protestas como los desahucios o las llamadas mareas ciudadanas.