One Billion Rising (Short Film)- Que nada nos recuerde que alguna vez existió un virus llamado España.

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Si los chavales del 15M tuvieran dos dedos de frente se dejarían de partidos X, de juergas callejeras y de vídeos infantiloides y se pondrían al frente de las tres únicas reivindicaciones que, hoy en día, pueden unir a todos los españoles sea cual sea su ideología: insumisión fiscal, el inmediato ingreso en prisión de la casta extractiva actual y la convocatoria de elecciones generales para la formación de unas Cortes Constituyentes sin pasado reseñable encargadas de la redacción de una nueva Constitución. Una Constitución racionalista, laica y humanista que haga entrar este país en el siglo XXI de una puta vez. Una Constitución cuya redacción sea tutelada, si es necesario, por juristas constitucionalistas de los EE. UU. y la Unión Europea. Si no sabemos hacerlo mejor, pidamos ayuda a aquellos que sí saben.

Y si se le ha de cambiar el nombre al país, se le cambia. Que nada nos recuerde que alguna vez existió un virus llamado España.

 

Como explicaba ayer Lucía Méndez en El Mundo, los altos cargos del PP se pitorreaban hace apenas unos días de esas primeras informaciones en las que su diario hablaba de posibles sobresueldos:

“Cuando El Mundo reveló los sobresueldos se lo tomaron un poco a broma. Implícitamente lo reconocieron, como si fuera una travesura. Que ‘si no me consta’, que si ‘no digo nada porque no me afecta’, que si ‘yo me ocupo de lo importante’. Al presidente del Gobierno le importunaban las preguntas sobre estas cuestiones. Un escándalo menor. Con una auditoría de la Señorita Pepis vamos que chutamos”.

Hace apenas una semana decía el PP que la práctica de los sobresueldos se cortó de raíz en 2008, cuando la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, llegó al cargo. Ahora dice que esos sobresueldos no han existido jamás. Aún les veremos cambiar de versión una o dos veces más. Parece legítimo sospechar que lo que ocurre en realidad es que en el PP no acertaron a calcular bien las consecuencias de las informaciones publicadas en un primer momento por el diario El Mundo.

A falta de la del presidente del Gobierno, los españoles nos hemos tenido que conformar con la comparecencia de, precisamente, María Dolores de Cospedal. Es decir, con la de una subordinada. Toda una señal de cómo entiende el señor Rajoy Brey eso del liderazgo y las responsabilidades asociadas al cargo. ¡Quién lo tuviera como jefe! La Cospedal, a la que desde ya le recomendamos un curso acelerado de gestión de crisis para aprender a sobrellevar estos papelones, ha dicho cosas tan interesantes como “él sabrá” (en referencia a Pío García Escudero, que ha confirmado la veracidad de las informaciones de El País por lo que a él respecta) y “tratan de perjudicar al PP”. La primera frase está a la altura del “sí, hombre” de Rajoy de hace apenas unos días. A nuestro presidente solo le faltó hacer caracolillos con el chicle mientras la pronunciaba. La segunda frase de Cospedal es irrelevante. Dudo que a los españoles les importen un soberano pimiento las intenciones de los periodistas de El País o las de aquellos que han filtrado la contabilidad de Luis Bárcenas. Por amor no lo han hecho, eso está claro. Es probable que a los españoles les importe más saber si lo publicado por El País y El Mundo es o no es cierto.

Dice Ignacio Escolar en un artículo publicado ayer en eldiario.es que “las consecuencias en un país con algo más de cultura democrática que el nuestro serían sencillas de predecir: la apertura inmediata de una investigación judicial, la dimisión en bloque del Gobierno y de todos los dirigentes y diputados que cobraron estas comisiones, la convocatoria inmediata de unas nuevas elecciones generales y la refundación de la derecha española en un nuevo partido donde sean los propios militantes de base quienes corran a gorrazos a todos aquellos implicados en un pasado así”.

La conclusión de Escolar sería la correcta en un país en el que el principal partido de la oposición fuera la piedra de toque de la honradez política. En un país en el que hubiera una alternativa decente a la fermentación acelerada del PP. Pero estamos hablando del PSOE. Del mismo PSOE que gobierna en Andalucía y que acaba de pedirle al gobierno un PER “extraordinario” y un número menor de peonadas. ¡El parásito al bollo y el contribuyente al hoyo! Del mismo PSOE que le financia truños articulados a la aficionada de turno o que la coloca de directora del Instituto Cervantes de Estocolmo sin que el principal responsable político del engendro, Jesús Caldera, se digne dimitir. De un PSOE cuyas esperanzas de futuro descansan en esos enormes talentos naturales llamados Patxi López, Carmen Chacón y Eduardo Madina. Como para pillarse un billete solo de ida a la Patagonia.

La conclusión sería asimismo correcta si ese mantra que dice que “no todos los políticos son iguales” fuera cierto. Aunque de hecho lo es. Porque hay políticos españoles que no son exactamente iguales al resto: como en Rebelión en la granja de George Orwell, algunos son más iguales que otros. Como Xavier Crespo, por ejemplo. El exalcalde de Lloret de Mar (Gerona) está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña después de que el juez apreciara indicios de prevaricación y cohecho en relación con la trama de la mafia rusa que blanqueó 56 millones de euros en dicha localidad. Imaginen cómo estará el patio en este país para que Andrei Petrov, el capo de dicha mafia, haya declarado “estar harto de los corruptos de este país”. Cuando la corrupción en tu país empieza a resultarle cansina hasta a los mafiosos rusos es que va siendo hora de meterse debajo de una piedra.

Desengáñense. El único político en España que no es igual que los otros es aquel capaz de presentarse en la comisaría de la Policía Nacional más cercana para denunciar, con pruebas, la corrupción de sus compañeros de partido. Aún le estamos esperando. Podrán comprobar lo diferentes que son algunos políticos españoles cuando mañana, tras la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del partido convocada por Rajoy, comparezcan los capitostes del PP frente a los medios para cerrar filas alrededor del presidente y amenazar con querellas a los periodistas que osen investigar el tema de los sobresueldos.

El ambiente en este país, ya de por sí tradicionalmente pestilente, se ha embrutecido tanto en los últimos tiempos que la casta dominante, acorralada por las antorchas, ha decidido arremeter contra sus propios ciudadanos al grito de “los políticos españoles son corruptos porque los españoles son corruptos”. Y luego vomitan el ejemplo del fontanero y sus facturas sin IVA mientras se hurgan los colmillos con el palillo en busca de los restos putrefactos del solomillo que se acaban de meter en el cuerpo. El mensaje sería algo así como “a fin de cuentas todos somos iguales”. Pues miren, señores: no, no somos iguales. Empezando por el hecho de que no es lo mismo una factura de 50 euros que una contabilidad B por valor de 7.5 millones, continuando por el hecho de que el fontanero está intentando conservar SU dinero en el bolsillo y no meter la mano en el bolsillo de LOS DEMÁS, y acabando por el hecho, evidente hasta para un niño de teta, de que no tiene la misma responsabilidad el presidente del Gobierno o el alcalde de una localidad de 100.000 habitantes que un ciudadano anónimo que se dedica a hacer chapuzas a domicilio por 50 euros. En este país, la corrupción cotidiana, la de las facturas sin IVA, se ha convertido en simple autodefensa contra una casta dominante que tiene los santos cojones de anunciar una rebaja en la cotización de los nuevos autónomos como si esta fuera la gran medida contra la crisis. Una rebaja por la que, durante seis meses, los jóvenes emprendedores “solo” pagarán 50 euros por disfrutar de su derecho constitucional a trabajar en vez de los 300 habituales. Habrá que darles las gracias por tan magnánima rebaja en el diezmo medieval que pagan los autónomos por su derecho a arruinarse en este país de pandereta.

Así que la solución no es ya, como dice Escolar, la convocatoria de elecciones generales. Esa fase de la enfermedad se superó en España hace mucho tiempo. Convocar elecciones generales en España sería como darle un poleo menta a un tipo al que le ha arrancado una pierna un tiburón. La degradación de lo público en España ha alcanzando tamaño nivel de putrefacción que es el sistema entero el que está en duda. No es el partido en el poder, sino la monarquía, la judicatura, la policía, el ejército, el parlamento, el senado, los ayuntamientos, las comunidades, los sindicatos, las fundaciones, las diputaciones, las empresas públicas, las cajas de ahorros, el Banco de España, los partidos… No hay institución pública española que no esté metida hasta el cuello en el pozo de la corrupción, el tejemaneje, la incompetencia y el nepotismo. No hay gran empresa privada que no esté metida en el ajo. La separación de poderes en este país es una filfa.

Hace apenas una semana se conocía que la nueva Ley de Cajas de Ahorros permitirá que los imputados por algún tipo de delito doloso o los sancionados por comisión de infracciones administrativas puedan convertirse en directivos de cajas de ahorros si así lo decide el Banco de España. Y es que no hay nada como el perdón. Especialmente si la ley, como es el caso, descarta también establecer límite alguno al salario de dichos directivos. Que no se diga que nuestra clase política es vengativa. Que no se diga que no es previsora.

Poner orden en el sector público español es el equivalente de pastorear un rebaño de gatos. Una tarea agotadora pero, sobre todo, inútil. Porque en España no ha fracasado un partido, un gobierno o un rey: ha fracasado un sistema. El de la Constitución de 1978. Una Constitución cuyo pecado original, el de su tutela a bocaperro por parte de las élites financieras y militares del franquismo, ha acabado desembocando en un país ingobernable. En un país capaz de provocarle náuseas a la mismísima mafia rusa.

Si los chavales del 15M tuvieran dos dedos de frente se dejarían de partidos X, de juergas callejeras y de vídeos infantiloides y se pondrían al frente de las tres únicas reivindicaciones que, hoy en día, pueden unir a todos los españoles sea cual sea su ideología: insumisión fiscal, el inmediato ingreso en prisión de la casta extractiva actual y la convocatoria de elecciones generales para la formación de unas Cortes Constituyentes sin pasado reseñable encargadas de la redacción de una nueva Constitución. Una Constitución racionalista, laica y humanista que haga entrar este país en el siglo XXI de una puta vez. Una Constitución cuya redacción sea tutelada, si es necesario, por juristas constitucionalistas de los EE. UU. y la Unión Europea. Si no sabemos hacerlo mejor, pidamos ayuda a aquellos que sí saben.

Y si se le ha de cambiar el nombre al país, se le cambia. Que nada nos recuerde que alguna vez existió un virus llamado España.

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