el viernes lanzándose por el balcón de su casa momentos antes de que una comisión judicial fuera a proceder al desahucio de su vivienda en la localidad vizcaína de Baracaldo.
Poco después de conocerse el suceso, representantes de los ministerios de Presidencia y Economía celebraron una reunión de trabajo de urgencia para elaborar una propuesta que haga frente a los desahucios con la intención de presentársela al Partido Socialista el próximo lunes, informaron fuentes de Moncloa.
La mujer falleció en el acto pasadas las 9 de la mañana y los servicios sanitarios que acudieron al lugar no pudieron hacer nada por reanimarla, según la Ertzaintza.
La fallecida fue concejal socialista en la localidad guipuzcoana de Eíbar y era amiga personal del lehendakari, Patxi López, según informó el Gobierno vasco y el propio López en un Twitter.
“No podemos llegar a situaciones como la que hoy mismo hemos vivido aquí y para ello también sería bueno que se procediera, por parte de quien es competente para ello, que no es el poder judicial, a la modificación de la legislación actualmente vigente”, dijo Juan Carlos Mediavilla, juez decano de Baracaldo y encargado de levantar el cadáver de la fallecida, en unas declaraciones realizadas en el lugar del suceso.
El suceso ocurre en momentos en que desde diversos sectores, tanto políticos, como jurídicos y sociales, se alzan cada vez más voces que piden un cambio en la ley hipotecaria en España para “humanizarla” y por considerar que no protege los derechos del consumidor.
La crisis en España, donde el desempleo ya afecta a un 25 por ciento de la población activa, está poniendo de relieve profundos dramas sociales como los de las familias que son desahuciadas de sus hogares por no poder pagar el crédito a los bancos.
La actual ley hipotecaria en España no contempla de forma general que la entrega de la vivienda sea suficiente para saldar la deuda hipotecaria adquirida con el banco, con lo que los desahuciados están obligados a continuar pagando su crédito.
En este sentido, y para tratar de paliar los efectos de una normativa que está causando estragos en muchas familias, los dos principales partidos españoles, el gobernante Partido Popular y el Partido Socialista, han comenzado a mantener reuniones sobre una posible reforma.
Según confirmaron fuentes de Moncloa, la reunión celebrada entre representantes de los ministerios de Presidencia y Economía el viernes presentará una propuesta concreta al Partido Socialista el próximo lunes, “para seguir avanzando” en una solución.
“Hay que exigir a los bancos que no apliquen ni un solo desahucio más hasta que no haya una nueva ley en este país”, dijo por su parte el secretario de Organización del PSOE, Óscar López.
En octubre, un hombre que estaba a punto de ser desahuciado apareció ahorcado en el patio de su vivienda de Granada, según informaron entonces diversos medios citando fuentes policiales.
VOCES DE ALARMA
Los desahucios de los que no pueden pagar su hipoteca alcanzaron los 50.000 en el primer semestre de 2012, frente a los 77.000 del pasado año, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El total de ejecuciones hipotecarias judiciales ha ascendido aproximadamente a 373.000 desde 2008.
En los últimos meses, esas cifras han ido aumentando a medida que más sectores de la población han ido engrosando las listas de desempleo.
El jueves, un informe de la abogada general de la Unión Europea Julianne Kokott elevado al Tribunal de Justicia del bloque dictaminó que la legislación española de desahucios contradice la normativa europea de protección de derechos al consumidor.
Aunque el informe no tiene carácter vinculante, obligará al alto tribunal de la UE a pronunciarse al respecto.
El PSOE ha presentado recientemente en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la ley hipotecaria también llamada ‘ley de segunda oportunidad’, que incluye la dación en pago (entregar la propiedad a la entidad financiera para saldar la deuda) y que los bancos que reciban ayudas públicas estén obligados a renegociar los créditos hipotecarios para frenar los desahucios, entre otras cosas.
Por otro lado, sindicatos y otras asociaciones están recogiendo firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular la dación en pago, de manera que, en casos de residencia habitual y deudores de buena fe, si el banco se queda la vivienda, la deuda quede liquidada, como ocurre en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos.
Para que se admita a trámite deben lograr 500.000 firmas, y posteriormente el Congreso de los Diputados debe debatir la propuesta y, eventualmente, aprobarla.
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, declaró que tras una reunión con el gobernador del Banco de España, José María Linde, éste se mostró abierto a alcanzar una solución.
“Vi comprensión total y absoluta por parte del gobernador sobre este asunto y para trasladárselo a la banca”, aseguró la defensora, que hizo un llamamiento a los partidos políticos para que el lunes sin falta haya un acuerdo sobre la mesa.
