Parlamento Andaluz – un derroche de dinero y un descontrol de la casta política- Ni un ‪diputado andaluz‬ devolverá dietas de agosto… aunque el Parlamento esté inactivo

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Ninguno de los 109 diputados del Parlamento andaluz‬ ha respondido a la carta personal remitida por el portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, en la que les pide que devuelvan las dietas cobradas durante agosto a pesar de que era un mes inhábil y sin actividad parlamentaria. La suma total de estas dietas, que se devengan semanalmente con cantidades que ascienden de los 200 a los 500 euros, ascendería a 140.000 euros.

El capítulo de retribuciones del Parlamento andaluz, de acceso público en su página web, fija un sueldo mensual de 3.020 euros para sus señorías, más una serie de complementos mensuales en función del cargo, más indemnizaciones y ayudas, según la distancia “entre el domicilio habitual del diputado y la Cámara autonómica” y “los gastos de alojamiento y manutención que origine la actividad parlamentaria”. En este epígrafe se contemplan asignaciones desde los 200 a los 500 euros semanales, que los diputados andaluces confirman que han cobrado durante el mes de agosto a pesar de que están de vacaciones, o al menos se declara periodo inhábil en el Parlamento andaluz.

El pasado 5 de agosto, el líder de UPyD en Andalucía se dirigió al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, en una carta en la que le solicitaba la devolución de las dietas cobradas en agosto, a la que no obtuvo respuesta alguna. Un mes más tarde, remitía un escrito en los mismos términos a cada uno de los diputados andaluces (50 del PP, 47 del PSOE y 12 de IU), pero ninguno ha contestado o pedido el reintegro de estas cantidades.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)

Los tres grupos parlamentarios, de acuerdo en este asunto, alegan que, aunque agosto sea un periodo inhábil para la Cámara andaluza, sus señorías han mantenido “actividad paralela” relacionada con sus responsabilidades políticas. Que se cobren las dietas en agosto no es ninguna novedad. Así, explican fuentes parlamentarias, ocurre cada año. Además, replican a UpyD que exija la devolución de estas dietas a sus diputados en el Congreso, que también las han cobrado. Sólo IU respondió a El Confidencial sobre este asunto, asegurando: “Que no haya sesiones parlamentarias no implica que los diputados dejen sus tareas de lado”. “Nos sorprende que un partido cuyo líder (Rosa Díez) lleva 30 años montada en coche oficial y cobrando del erario tanto tiempo se entretenga en estas historias”, alegaron desde el grupo de Izquierda Unida. PSOE y PP rechazaron ofrecer una respuesta.

No es la primera vez que los tres partidos del Parlamento andaluz llegan a un acuerdo sobre sus salarios. Hace un año y medio el presidente de la Cámara tuvo que ordenar rectificar la decisión unánime de los tres partidos del arco parlamentario de subirse los sueldos en un acuerdo que fue silenciado a la opinión pública. En mayo de 2013 el presidente del Parlamento se subió el sueldo 400 euros, pasando a cobrar 6.957 euros mensuales, y los portavoces adjuntos de los tres partidos acordaron una mejora lineal de 2.000 euros al mes. Esta subida salarial fue rectificada cuando trascendió a los medios, al publicarla el Diario de Sevilla, y obtuvo una dura respuesta de los ciudadanos. Todos los portavoces parlamentarios reconocieron entonces que la subida había sido desafortunada y que no era el momento, en plena ola de recortes públicos.

El pasado mes de junio el Parlamento andaluz difundió un comunicado en el que defendía que la asignación anual de 2014 por cada parlamentario autonómico en Andalucía asciende a 292.244 euros. El Presupuesto de 2014 para la Cámara autonómica es 37,8 millones de euros, un 4,4% menos que el año anterior, “incluyendo el mantenimiento y conservación de un edificio de gran valor monumental, artístico e histórico que no tienen todos los Parlamentos autonómicos”, defendió en una nota oficial.

El BOE publica hoy por primera vez la declaración de bienes y patrimonio de altos cargos del Estado que afectará a 250 personas, según la ‪#‎LeydeTransparencia‬ aprobada por el Ejecutivo.

De esta forma, la publicación de las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales ya no sólo será para los ministros y secretarios de Estado sino también para todos los miembros con cargo elevado en la Administración General del Estado (AGE).

El BOE publica desde hoy el patrimonio y las deudas contraídas por altos cargos como directores y secretarios generales de organismos públicos, embajadores o presidentes de instituciones del Estado.

La publicación afecta a los altos cargos cuya toma de posesión o cese se ha producido entre el 1 de julio del 2013 y el 30 de junio de 2014, aunque ello no quiere decir que los demás altos cargos que hoy no presentan declaración queden exentos de este control, ya que su situación patrimonial se publicará cuando cesen o cambien de puesto.

Todas las declaraciones de los afectados incluyen bienes y derechos provenientes de herencias familiares.
Ostenta el mayor patrimonio

Según la disposición publicada hoy por el BOE el exsecretario general de la Casa de S.M el Rey Alfonso Sanz Portolés es quien ostenta el patrimonio más elevado de entre los 250 altos cargos, con un valor total entre inmuebles y otros bienes que asciende a 19,4 millones de euros, y sin tener deudas, préstamos o créditos.

Asimismo dentro de la institución también destaca el patrimonio del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, que suma 1,6 millones de euros, y el del exjefe Rafael Spottorno que asciende a 1,8 millones.

Por otra parte, otros de los patrimonios más elevados corresponde al del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, que es de 3 millones de euros, entre el valor de bienes inmuebles (2.357.010 euros) y el de otros bienes (678.000 euros).

Los consejeros de la Sala de Competencia de la CNMC Fernando Torremocha e Idoia Zenarrutzabeitia tienen un patrimonio de 1,7 millones y de 426.317 euros, respectivamente, aunque el primero soporta una deuda de 90.000 euros.
Ministros y exministros

Entre los cargos de ministros y ex ministros resalta el patrimonio de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, con un activo patrimonial de 2,7 millones de euros y un pasivo de 427.785 euros, y el de su antecesor en el cargo Miguel Arias Cañete, que mantiene un patrimonio de 1,6 millones y una deuda entre créditos o préstamos de 42.153 euros.

Según el BOE el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, ha declarado un valor patrimonial de 2,2 millones y un pasivo de 295.390, mientras que otro ex altos cargos como el exsecretario general de Industria y Pymes Luis Valero mantienen un patrimonio de 1,1 millón de euros.
Embajadores

En la publicación oficial quedan también registradas las declaraciones de bienes e inmuebles de embajadores y exembajadores, altos cargos que en su mayoría destacan por tener elevada riqueza personal.

Así, el patrimonio del exembajador español en Egipto Fidel Sendagorta supera los 14 millones de euros, mientras que el valor de los bienes del embajador actual de la República Francesa, Ramón de Miguel, es superior a los 2 millones de euros, una cifra parecida a la que ha declarado el representante español en Colombia, Ramón Gandarias, que suma 2,1 millones.

Las ganancias entre bienes inmuebles y otros bienes del embajador español en Dinamarca, Enrique Pastor de Gana, alcanza 1,8 millones de euros, y el exembajador de Túnez Antonio Cosano mantiene un patrimonio de 1,2 millones de euros frente a su sucesor Juan López-Doriga, que asciende a 352.083 euros.

En la Embajada de Ghana los patrimonios de las dos últimas representantes españolas superan el millón de euros y en la de Libia destaca el valor de los bienes del exembajador José Riera que es de más de 6,5 millones de euros descontando las deudas declaradas.

La publicación en el BOE se realizará antes del 30 de septiembre de cada año, según los datos que proporcione la Oficina de Conflictos de Intereses.

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